Definir los tiempos actuales en términos de complejidad, de nuevos desafíos institucionales, de sociedad del conocimiento, de creciente demanda de nuevos derechos y servicios ciudadanos, de desaparición de algunas de las funciones tradicionales de los gobiernos, de creciente competencia entre territorios, etc. es prácticamente un lugar común hoy en día. Se trata de un diagnóstico pluridimensional compartido por diferentes campos de actuación e incluso por diferentes tradiciones ideológicas.

En el campo de la gestión del territorio y del desarrollo regional, estas cuestiones implican un reto fundamental a la hora de dotar de eficacia a la actuación de los poderes públicos. Por ejemplo, el Cuarto Informe sobre Cohesión Económica y Social de la Unión Europea, recientemente publicado, es un buen reflejo de los retos a los que se enfrentan las regiones como espacio de desarrollo y confirma la apuesta por extender diferentes tipos de alianzas públicas y público-privadas como elemento estratégico de una buena gobernanza y de innovación institucional. Esta gobernanza trata del gobierno relacional, del gobierno interactivo, del gobierno multinivel, del gobierno de la fragmentación, del gobierno de la complejidad, del gobierno facilitador,…como nuevo paradigma emergente.

Desde esta perspectiva, disponer de mecanismos de relación intergubernamental pasa a ser una estrategia imprescindible en el éxito de las políticas públicas. Estas prácticas de colaboración son necesarias al menos desde dos perspectivas:

• El despliegue de las políticas públicas requiere, cada vez más, la interacción de los diferentes niveles de gobierno.

• La asignación jurídico-administrativa de responsabilidades y competencias puede ser imperfecta y, de hecho, lo es en muchas ocasiones, porque existen solapamientos y responsabilidades compartidas.

En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, escenario de intervención de diferentes agentes públicos sobre un territorio reducido, la colaboración inter-gubernamental es ya hoy intensa en muchos aspectos, mejorable sin duda, tanto horizontal como verticalmente, y prevista legalmente en muchos procesos administrativos (informes preceptivos, consultas, etc.) o en momentos concretos del diseño de políticas públicas (comisiones interadministrativas, consejos sectoriales, foros inter-institucionales, etc.).

Sin embargo, el gobierno relacional es mucho más que eso, implica también la difuminación del principio de jerarquía administrativa a favor del principio de cooperación, implica un mayor esfuerzo por dotarse de herramientas de información interna y externa, implica una mayor relación con el entorno (y especialmente con la ciudadanía), implica generar canales más flexibles y rutinas más creativas en la relación entre los diferentes departamentos y niveles de gobierno, implica gestionar desde la proximidad, implica promover la iniciativa del personal de la Administración para que desarrolle a su vez redes formales o informales de comunicación con las personas de otros departamentos para crear comunidades de conocimiento, etc. Esta mejor gestión de la complejidad institucional relacionada con el desarrollo regional necesita basarse en un nuevo modelo de gobernanza basado en la información y la coordinación/cooperación:

 La toma de decisiones públicas requiere diagnosticar mejor la información antes de tomar decisiones y para poder valorarlas mejor, en un modelo de generación de información que discurre en diferentes direcciones y con flujos multi-direccionales de carácter formal e informal, cuantitativo y cualitativo, que requiere instrumentos flexibles y rápidos para ser integrada dentro del sistema de conocimiento.

 La actual complejidad implica, entre otras cosas, una mayor exigencia social hacia las propuestas públicas de innovación territorial. Es una aspiración de empresas, personas e instituciones, que interactúan formando un capital social que es necesario poner en valor homogeneizando sus mensajes, coordinando sus actividades y potenciando proyectos que cuenten con una mayor masa crítica.

Por todo ello, empieza a plantearse la necesidad de dos estrategias complementarias: la gestión de las redes de actores públicos y la gestión pública a través de redes, siempre en entornos de colaboración, de creación y gestión de conocimiento, pero también de respeto a la autonomía de cada institución pública. Y, en todo caso, hace falta capacidad de innovación institucional y flexibilidad en la configuración de nuevas formas de deliberación en la toma de decisiones públicas para que estas sean más integradoras, más eficientes y más cercanas a las necesidades de la ciudadanía. De alguna forma, el ejemplo más práctico en este tipo de planteamientos y con cierto recorrido lo podemos encontrar en algunas áreas de gestión pública, sobre todo en Cataluña (que son las referencias más cercanas que conozco), en temas como los servicios sociales de proximidad y perfectamente puede trasladarse a otros temas relacionados con el desarrollo regional.