La aprobación en el Consejo de Ministros del pasado viernes 27 de Noviembre del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible ha de ser, a nuestro juicio, la punta de lanza de un proceso generalizado de renovación estructural del entramado económico, tecnológico, social, ambiental y cultural de nuestra sociedad.
En esas claves estamos desde hace años muchos analistas, organizaciones sociales, instituciones internacionales y ciudadanos de a pie preocupados por nuestro devenir social y económico. Que el Gobierno Central acabe, por fin, de hacer suyo el clamor de todos estos colectivos es, sin duda, un gran avance que acogemos con expectación y optimismo.
El anteproyecto de Ley recoge un número importante de medidas de diversa trascendencia y aplicabilidad. Todas ellas quieren representar un activo en la línea de construcción de una economía de valor y sostenible. Algunas de las disposiciones seguro que son discutibles (la rebelión de las fuerzas vivas de internet parece un buen ejemplo) y, quizás, habría que incorporar algunas cosas más en esta Ley (especialmente todo lo relativo a la reestructuración del mercado laboral en España) pero hay que reconocer que, al menos, ha despertado el debate y la toma de conciencia general sobre la situación en la que nos encontramos.
El siguiente paso quizás deba ser la realización de un buen diagnóstico de la situación y una declaración política firme y mayoritaria sobre los pasos siguientes que la sociedad debe ir tejiendo. A este diagnóstico y compromiso compartido deberán sumarse necesariamente el conjunto de gobiernos que rigen los destinos de las distintas Comunidades Autónomas porque en sus manos están las grandes competencias necesarias para este proceso. De ellas depende el sistema educativo del Estado. En sus manos están las políticas activas de empleo y las de promoción industrial y empresarial. Todas tienen transferidas la sanidad y tienen amplias competencias en tecnología, medio ambiente, territorio, vivienda o infraestructuras, por citar algunas de las atribuciones claves de este proceso.
También a este movimiento deben acudir raudos los ayuntamientos sin cuya participación quedaría cojo cualquier cambio estructural. Son ellos los más próximos al ciudadano y son ellos, más que nadie, los que han de internalizar que el actual modelo de urbanización de nuestros municipios está agotado y que es necesario reinventarse la ciudad.
El objetivo es tan ambicioso como reconfortante: visualizar un gran pacto multipartito liderado y avalado por todas las instituciones representativas de la voluntad de la sociedad que asuma unas nuevas claves de futuro y el abandono progresivo y definitivo de algunas posiciones, acciones y aventuras desviadas claramente de este ineludible reto transformador.
Es complejo el planteamiento y, en cualquier caso, excede de un simple artículo de opinión. Aun así, nos hemos atrevido a recoger diez claves sobre las que sustentar el acuerdo a modo de decálogo por un desarrollo económico sostenible y vertebrador.
1. El reconocimiento, en primer lugar, de que es la generación de conocimiento (y su aplicación en la sociedad en forma de nuevos productos, nuevas soluciones tecnológicas y una nueva cultura de la innovación) la clave de la supervivencia económica en el nuevo orden económico mundial. Un reconocimiento que comprometa la necesidad de priorizar las inversiones públicas en base a nuevos criterios de sostenibilidad y de aportación decidida a la nueva economía del conocimiento, multiplicando el esfuerzo en I+D (España realiza la mitad del esfuerzo que se hace en los países de nuestro entorno económico), fortaleciendo la estructura y el sistema de innovación y conocimiento (hasta apalancar el modelo en una dimensión internacional) y cimentando los vínculos entre la educación, la formación y el sector productivo.
2. La asunción de la degradación ambiental como un síntoma esencial de la insostenibilidad del propio sistema económico. Ser conscientes de la base física de nuestro planeta (recursos finitos) y desvincular, por fin, el crecimiento económico del consumo de recursos naturales, internalizando los costes ambientales que genera el tejido productivo, valorando económicamente los servicios eco-sistémicos de nuestro entorno natural y asegurando la protección y conservación del medio ambiente como nuevas oportunidades de negocio ambientalmente sostenibles.
3. El convencimiento de que es la sociedad la que debe ir fraguando el cambio y de que son los ciudadanos los que deben ir armándose de nuevos valores que guíen sus comportamientos y su propio esquema de relaciones sociales. La apuesta aquí por la renovación del sistema educativo y el desarrollo cultural de nuestra sociedad resulta clave para construir un proceso de transformación desde la misma base.
4. La adhesión a nuevos valores ligados al riesgo y la pasión de emprender; a la creatividad y la innovación; a compartir para competir; a la calidad, la excelencia y la ambición de hacer las cosas bien; a una nueva relación de los ciudadanos con el medio natural; al consumo sostenible y a la solidaridad como valor de convivencia también en el nuevo modelo.
5. El reconocimiento de que son las empresas los actores fundamentales del proceso de cambio. Las administraciones públicas, eso sí, deberán comprometerse a animarlas y acompañarlas en su propio proceso de transformación. Las administraciones tendrán que estar junto a ellas con políticas encaminadas a gestionar el talento y el capital humano, tractores últimos de la competitividad empresarial en esta nueva etapa. También deberán orientar instrumentos para que las empresas puedan aplicar nuevos conceptos de gestión empresarial derivados de una economía globalizada, de nuevos modelos de innovación abierta y de co-responsabilidad en la gestión de todos los integrantes de una empresa.
6. La apuesta, convencida y coordinada, por las tecnologías clave del nuevo orden económico mundial como mecanismo para acelerar la diversificación industrial y la actualización de las competencias tecnológicas de las empresas. Se trata de reforzar, al menos, aquellas que parecen nucleares de cara al futuro como son las Bio-Ciencias y las Bio-Tecnologías; las Nano-Ciencias y las Nano-Tecnologías; la Electrónica avanzada y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; así como las tecnologías energéticas.
7. Un compromiso explícito por el buen gobierno basado en una administración eficaz y en una nueva arquitectura institucional adaptada a las exigencias del nuevo contexto. Un gobierno guiado por los principios de sostenibilidad del sector público; un gobierno abierto para una sociedad abierta; un gobierno que refuerce la calidad del marco regulatorio en sectores estratégicos y que establezca unas nuevas claves en la regulación del mercado de trabajo.
8. Un acuerdo para conveniar una amplia reforma fiscal orientada a la reactivación económica que incluya un replanteamiento del papel del IVA, modificaciones en la tributación de la PYMEs de las inversiones en I+D+i y recoja el daño ambiental de la actividad empresarial.
9. La toma de conciencia de que los propios retos de la sociedad occidental en la que estamos inmersos son fuente también de grandes oportunidades económicas en ámbitos como la salud, los servicios socio-sanitarios o el envejecimiento progresivo de nuestra sociedad, que va a requerir de nuevos productos y de nuevas soluciones tecnológicas aún por desarrollar.
10. La apuesta, por último, por la construcción de ciudades a escala humana, entendiendo la Ciudad como un espacio catalizador de creatividad y generación de conocimiento, aprovechando las oportunidades económicas en nuevos servicios urbanos y apostando por la regeneración urbana y paisajística derivado de las consecuencias del modelo aún vigente.
La Ley que nos sirve de contexto para esta reflexión menciona muchas de estas cuestiones y compromisos, si acaso, muy de pasada. Quizás no sea seguramente una ley (o esta Ley) el espacio donde deban desarrollarse pero tanto a nivel local y nacional como a escala empresarial existen oportunidades extraordinarias que hay recorrer.
Nuestro apoyo a todo lo que vaya en esta dirección. Nuestro apoyo, por tanto, a esta ley que, más allá de su literalidad, simboliza que estamos en un punto de no retorno.
Carlos Cuerda es economista y socio de Naider
Mercedes Oleaga es socióloga y socia de Naider
