El Gobierno acaba de anunciar que aumentará el Impuesto sobre el Valor añadido y los impuestos medioambientales. En el ámbito de la fiscalidad ambiental, está estudiando la introducción del céntimo verde; una tasa sobre los hidrocarburos, que supondría un recargo de entre tres y cinco céntimos por litro de carburante.

Son varias las razones que utiliza la teoría económica para justificar la introducción de impuestos ambientales. Primero, permiten incorporar los costes externos a los precios de los bienes y servicios producidos. Segundo, facilitan la aplicación del principio "quien contamina paga". Tercero, proporcionan incentivos para que los consumidores y los productores cambien sus pautas de consumo y producción hacia prácticas más respetuosas con el medio ambiente. Cuarto, generan nuevos ingresos que se pueden destinar a acometer mejoras ambientales, financiar el gasto público ó reducir la presión fiscal sobre las rentas salariales y del capital. Quinto, coste-efectivos porque permiten alcanzar objetivos ambientales incurriendo en el menor coste posible.

¿Qué hará el Gobierno con los ingresos generados por el céntimo verde? Inicialmente, estaba previsto que se utilizaran para financiar el déficit de tarifa de las energías renovables. También se baraja la posibilidad de destinar parte de los ingresos a paliar otros desequilibrios presupuestarios. Además, una parte de los ingresos destinará a reducir la presión fiscal sobre el empleo (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Cotizaciones a la Seguridad Social).

Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda o Finlandia vienen utilizando este tipo de impuestos desde los años 90 para contrarrestar las pérdidas recaudatorias por la reducción en la presión fiscal sobre el empleo. Nuestros vecinos del Norte decidieron reducir la carga fiscal sobre el empleo y aumentar los impuestos ambientales para obtener ingresos adicionales con los que cubrir la pérdida de recaudación. En nuestro caso, han sido el déficit de tarifa de las energías renovables y la necesidad de engordar las maltrechas arcas públicas lo que ha obligado a introducir el céntimo verde (y posiblemente otros impuestos ambientales). Ahora sabemos también que parte de los ingresos generados serán empleados para reducir las cotizaciones a la Seguridad Social (1 punto ahora y otro punto el año que viene).

Aunque pueda parecer contradictorio, la introducción de impuestos ambientales no ha estado motivada por cuestiones ambientales. Ni en nuestro caso ni en el de nuestros vecinos del Norte, la mejora ambiental ha sido un objetivo en sí mismo. La mejora ambiental es (o será) en ambos casos un "efecto colateral" positivo, ya que los impuestos ambientales tienen la virtud de incentivar el cambio en las pautas de producción y consumo hacia hábitos más saludables para el medio ambiente. En el caso del céntimo verde, logrará que se reduzca la demanda de carburante y disminuya así el impacto ambiental del sector transporte.

La introducción del céntimo verde y de otros posibles impuestos ambientales es una buena noticia para el medio ambiente. Sería oportuno que los ingresos generados por esta vía se destinaran, además de a disminuir la presión fiscal sobre el empleo y a paliar otros desequilibrios presupuestarios, a acometer mejoras que redunden en una mejora ambiental. En el caso del céntimo verde, se podrían destinar a mejorar el transporte público u otros modos de transporte menos dañinos para el medio ambiente. ¿Podrá la fiscalidad ambiental generar ingresos extra para todo?

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