Sin embargo, los mercados no siempre funcionan correctamente. Existen situaciones en las que los precios no reflejan las decisiones sociales. En esos casos, la intervención pública es necesaria y está justificada. Una intervención que se puede materializar en forma de instrumentos administrativos (o regulaciones), mecanismos de mercado (o económicos) o instrumentos sociales. Las regulaciones imponen cambios en el comportamiento de los usuarios mediante el establecimiento de normas de obligado cumplimiento. Los instrumentos económicos tratan de influir sobre el comportamiento de los individuos mediante la introducción de un cote extra que haga que la producción o el consumo de ciertos bienes y servicios resulten menos ventajosos. Este artículo repasa de forma breve diferentes instrumentos de mercado que se pueden emplear para favorecer la protección del medio ambiente atmosférico, terrestre e hídrico. 

El transporte es uno de los principales responsables de la contaminación atmosférica y de las emisiones de CO2. El transporte por carretera era responsable en 2007 del 17 % de las emisiones totales de CO2. La navegación marítima representó el 3 % de las emisiones de CO2, mientras que las emisiones del transporte aéreo (internacional y doméstico) representaron el 4% del total de las emisiones de CO2 de la UE de los 27. Las emisiones del sector transporte aumentaron un 26% entre 1990 y 2007. Las del sector de la aviación internacional lo hicieron en un 110% en ese período. Las del transporte marítimo lo hicieron en un 60%. 

La introducción de un componente vinculado a las emisiones de CO2 en la base imponible de los impuestos anuales de circulación y matriculación de turismos, incitaría a los compradores de vehículos a tener en cuenta la eficiencia energética y las emisiones de CO2 en sus decisiones de compra. Contribuiría de este modo a reducir las emisiones de CO2 del sector. Ciudades como Londres y Estocolmo aplican sistemas locales de tarificación para reducir la congestión urbana y reducir las emisiones y el consumo de energía. Reino Unido está debatiendo la posibilidad de ampliar la tarificación de la congestión a todas sus carreteras. 

La Directiva Marco del Agua obliga a los Estados miembro a introducir para 2010 políticas de precios del agua que fomenten una utilización eficiente de los recursos hídricos. La idea es que los usuarios paguen por la totalidad de los costes de la gestión del recurso, incluidos los costes ambientales y los costes de recurso. Y no sólo los costes financieros. Algunos Estados miembro aplican ya impuestos o tasas a la extracción de aguas subterráneas o superficiales o al consumo de agua, que han logrado reducir el consumo, las fugas y la contaminación. 

La deposición de los residuos en vertedero suele ser la peor opción de gestión de residuos desde una perspectiva ambiental. Sin embargo, las señales del mercado tienden a favorecer esta opción de gestión ya que los precios no tienen en cuenta las consecuencias para el medio ambiente. Gravar la eliminación de los residuos en vertedero mediante tasas de vertido, puede ser una manera eficaz de corregir esta distorsión y de fomentar el reciclado. Reino Unido aplica desde hace algunos años el landfill tax, que ha logrado unos resultados extraordinarios en la reducción de residuos llevados a vertedero.

El uso de instrumentos de mercado para proteger la biodiversidad cada vez goza de mayor aceptación como medio de integrar la conservación en el proceso de toma de decisiones de los agentes económicos y de alcanzar de manera rentable objetivos de conservación y explotación sostenible de los recursos. Los tres tipos estándar de instrumentos de mercado (impuestos/tasas/gravámenes, subvenciones y permisos negociables) se utilizan principalmente para la conservación de hábitats y ecosistemas, pero también para la protección de especies específicas.

Los instrumentos de mercado pueden resultar eficaces para animar a los propietarios de terrenos a mantener bosques o humedales. También para compensar el daño a la biodiversidad por los proyectos de desarrollo, creando hábitats similares en otras partes y evitando así pérdidas netas de biodiversidad (compensación de biodiversidad).

Las tasas y cánones, como las licencias de caza y pesca, pueden contribuir a limitar el uso de los recursos de biodiversidad a un nivel sostenible. En ocasiones, la ayuda financiera se concede en forma de «Pagos por Servicios Medioambientales» (PSM). Finlandia ha organizado subastas en las que los destinatarios presentan una oferta por las subvenciones mínimas que necesitan para implantar medidas de protección de la biodiversidad, lo que evita fijar subvenciones demasiado cuantiosas.

Otro ejemplo de utilización de instrumentos de mercado es la creación de hábitats de reserva (habitat banking), un instrumento comercial desarrollado por primera vez en Estados Unidos (en este caso, creación de humedales de reserva) en el contexto de regímenes de responsabilidad. Estos sistemas transforman las responsabilidades ambientales en activos negociables, modificando así las estructuras de incentivos y los comportamientos mediante la asignación de derechos de propiedad y la creación de mercados. Empresas especializadas crean humedales y venden posteriormente créditos de humedales a los promotores, lo que garantiza el cumplimiento de los objetivos medioambientales sin una pérdida neta del valor total y genera al mismo tiempo competencia entre las empresas para establecer nuevos humedales de manera rentable. A semejanza de los sistemas de permisos negociables, estos sistemas ayudan a integrar objetivos de conservación en actividades empresariales generales y contribuyen de esta manera a vencer las reticencias de las empresas. No obstante, debe mantenerse la equivalencia de hábitats y definirse criterios de medida. En el caso de las zonas protegidas, las medidas compensatorias por la pérdida de hábitat deberían aplicarse únicamente como último recurso.

La contaminación atmosférica es nociva para la salud humana y el medio ambiente. Desde hace varios decenios se reconoce la necesidad de mejorar la calidad del aire. Varios Estados miembros utilizan tasas sobre emisiones de NOx y SO2 para luchar contra la contaminación atmosférica. Algunos han introducido sistemas nacionales de comercio de derechos de emisión para mitigar los problemas que plantean los contaminantes atmosféricos convencionales. 

Avanzar hacia un nuevo modelo productivo económica, social y ambientalmente sostenible tal y como pretende el proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) del Gobierno de España, exige una apuesta clara por instrumentos económicos como los descritos que incentiven la protección del medio ambiente. Los tres niveles impositivos que conviven en España (Central, Autonómico o Municipal) tienen cierto grado de autonomía para aplicar los instrumentos mencionados. Los instrumentos y los agentes responsables de su diseño y ejecución están ahí. Ahora sólo hace falta que nos pongamos de acuerdo y comencemos a trabajar en su diseño y puesta en marcha. Será sin duda un buen legado para nuestros hijos.