Seguramente la inmadurez del proceso de asentamiento y consolidación del estado autonómico español y la falta de un reconocimiento más natural y normalizado de la propia realidad competencial de la CAPV han sido las razones más o menos veladas para arrastrar durante años algunas contradicciones y duplicidades innecesarias entre instituciones vascas y el Gobierno central.

Los gestores del actual modelo a lo largo de los años han permitido (a veces incluso incentivado) que convivan instituciones superpuestas operando sobre el mismo territorio (desde cuerpos policiales hasta institutos de estadística) con un esquema de duplicidades que podría mostrarse equivalente al existente entre el Gobierno autonómico y las diputaciones forales y que permite, muchas veces, un permanente cuestionamiento del autogobierno vasco con injerencias en materias que le son de exclusiva competencia.

Sin entrar a valorar la oportunidad de avanzar o no hacia una mayor o total soberanía política, de lo que se trata con esta idea es de llamar la atención sobre el absurdo de mantener, con la legislación vigente, instituciones y organismos que realizan las mismas actividades. Desde mi punto de vista, la falta de percepción de las instituciones vascas como instituciones del Estado en nuestro territorio hace que el Gobierno Central se resista a replegar o a integrar en las propias de la CAPV algunas de sus actividades. O las instituciones vascas son Estado español o no lo son pero ambas cosas a la vez no lleva más que a duplicidades y sobrecostos tanto para España como para nuestro país.