Tras el Gobierno Vasco, quizás la segunda institución o el segundo ámbito institucional que mejor vertebra la sociedad y que mejor contribuye a mejorar el bienestar y a la realización personal y colectiva de los ciudadanos son sin duda los ayuntamientos que rigen la gestión de nuestras ciudades y de nuestros pueblos como espacios de donde se hace efectiva la realización personal y colectiva de los ciudadanos.

La sociedad entiende, o intuye al menos, perfectamente su función y, por lo general, su existencia es considerada necesaria y útil por su carácter próximo, lo tangible de sus actuaciones y el vínculo emocional que casi todos los ciudadanos tienen con sus ciudades de origen o de residencia y del que el ayuntamiento es su máxima representación.

Dicho esto, desde un punto de vista racional y de asignación eficaz de competencias, hay algunos datos interesantes para la reflexión.

Por un lado, el extraordinario número de municipios existentes. En la CAPV hay 250 ayuntamientos en una comunidad de poco más de dos millones cien mil habitantes. Los 40 municipios de más de 10.000 habitantes aglutinan a 1,7 millones de esos ciudadanos por lo que los restantes 210 municipios acogen de media a apenas 2.000 convecinos. Este exiguo tamaño hace que resulte muy complicado proveer de servicios públicos de forma eficaz a los ciudadanos porque los ayuntamientos no disponen de la mínima masa crítica necesaria para su prestación efectiva a precios razonables. Surgen aquí las Diputaciones como agentes ejecutores de algunas de las atribuciones naturales de un municipio y también fórmulas mancomunadas de gestión municipal entre varios ayuntamientos para la provisión conjunta de ciertos servicios.

El resultado: cientos de nano-ayuntamientos con capacidades, en muchos casos, limitadas para una práctica municipal eficaz, máxime en una época de crisis estructural que está afectando al modelo de financiación en el que muchos se habían apoyado en los últimos años. En países avanzados de nuestro entorno se han puesto en práctica a lo largo de las últimas décadas límites poblacionales inferiores a la hora de conformar ayuntamientos, de forma que la masa crítica se establece por ley.

La pura lógica parece ayudarnos a intuir que es difícil garantizar en un país tan exiguo como el nuestro que los ayuntamientos se puedan dotar de capacidades técnicas de excelencia para cada uno de estos 251 ayuntamientos y que es muy complicado también contar con capital político suficiente para copar cientos de puestos de alcaldes y concejales con la capacidad, inteligencia y experiencia necesarias para conducir los destinos de sus municipios.

En segundo lugar, la estructura territorial de este país invita a la reflexión sobre la oportunidad de avanzar en procesos más racionales y también más acordes a la realidad social y urbana del mismo. En un país eminentemente urbano y urbanizado (que algunos llaman la Ciudad Vasca o Euskal Hiria) existen entramados que configuran auténticas metrópolis huérfanas de ninguna referencia institucional que las gestione eficazmente frente a una suma de nano-ayuntamientos muchas veces incapaces y superados por su propia realidad. En este caso no por su tamaño menor sino porque algunos concentran aún malformaciones urbanísticas derivadas del desarrollismo de difícil abordaje en solitario. Otros concentran en los límites de su municipio enormes problemáticas de exclusión social propias de gran ciudad cuya gestión se hace de nuevo difícil desde ayuntamientos poco dimensionados para ello. Duplicidades, agravios comparativos y diferencias ostensibles entre unos y otros municipios de una misma ciudad afloran ante cualquier reflexión mínimamente seria que se haga.

Quizás, por su tamaño el caso más paradigmáticos es el del Gran Bilbao (con un continuo urbano alrededor de la Ría de más de 900.000 habitantes) con un centro metropolitano de vanguardia mundial y algunos distritos y municipios residenciales que disfrutan de una calidad de vida privilegiada que conviven codo con codo con barrios y municipios con importantes carencias urbanísticas, dotacionales y de servicios.

También Donostialdea (segunda metrópoli del país en importancia económica y poblacional con aproximadamente 325.000 habitantes) presenta importantes disparidades socio-urbanísticas entre unos municipios y otros formando todos parte de una misma realidad urbana separada por lindes extemporáneos alejados de casi todas las lógicas.
Pero también existen otras áreas urbanizadas sin solución de continuidad que, si bien son mucho más homogéneas en su configuración desde el punto de vista social, económico y urbanístico (léase la comarca de Deba Goiena o también el Goierri gupizcoano o Tolosaldea), su fragmentación institucional en torno a municipios de tamaño pequeño y mediano hace que pierdan mucha proyección, no dispongan de capacidad suficiente para afrontar retos conjuntos y no consigan por separado dotarse muchas veces de equipamiento y dotaciones públicas que sí podrían conseguir de constituir una única realidad institucional.

Dicho todo esto, es posible que no sea la integración de ayuntamientos en entidades de mayor tamaño la única opción pero es una que en cualquier caso debería valorarse muy seriamente por las ventajas de eficacia y racionalidad que la rodean.