Desde mi interpretación personal, el Estatuto consagra al Gobierno como la institución de referencia dentro y fuera de Euskadi.

El Gobierno vasco lo elige el Parlamento, sede de la soberanía popular de los ciudadanos de la CAPV, y desarrolla el cuerpo central de la vertebración del país. A su cargo y custodia se encuentran los pilares del sistema de bienestar social vasco que no son otros que la Educación y la Sanidad pero simultáneamente actúa en prácticamente todos las competencias necesarias para la construcción social, económica, ambiental y cultural de nuestra sociedad.

A lo largo de todos estos años de autogobierno, el Gobierno ha ido dotándose de un cuerpo de funcionarios que hacen realidad las políticas gubernamentales. Simultáneamente ha ido generando también una serie de instituciones, agencias, entes, empresas, fundaciones para-públicas y otras organizaciones satélites de la propia Administración que actúan mediante diversas fórmulas jurídicas y asociativas. Estas organizaciones han ido surgiendo a lo largo del tiempo para dar respuesta a diversas necesidades de gestión o de construcción competencial.

Quede pendiente que el Gobierno entrante se decida por fin a analizar y, en su caso, reformular de forma valiente y decidida este tejido para-institucional. En algunos casos se tratará de actualizar las funciones o la organización interna de aquellas que ya no son eficaces y, en otros, directamente se tratará de desmantelar las que no son en absoluto necesarias o que nunca han cumplido el objetivo para el que fueron creadas.

También en ocasiones se tratará de abrir un proceso de racionalización más amplio para incorporar a otros agentes equivalentes creados por instituciones locales del país (ayuntamientos o diputaciones) que operan sobre ámbitos de competencia atribuibles de una forma natural a la administración general de la CAPV y que han ido surgiendo como consecuencia de una imprecisa legislación sobre atribuciones competenciales y una práctica muy extendida de intervenir en cualquier tipo de asunto relacionado con lo público por parte de cualquier institución, con independencia de su capacidad u oportunidad. Este enfoque requerirá de un liderazgo aún más claro si cabe por parte del Gobierno y seguramente del o de la lehendakari entrante.

En otro orden de cosas, es también este entramado institucional creado en paralelo a la propia administración el que muchas veces chirría entre los ciudadanos y contribuye, en alguna medida, al descrédito que la clase política, en general, se ha ido labrando a lo largo de los años. La ciudadanía, sin entrar en valorar su eficacia u oportunidad, duda a veces de la existencia de un control democrático suficiente de estas organizaciones por parte de las instituciones representativas de la sociedad y, antes que como instrumentos de acción gubernamental, son percibidos a veces como fórmulas legales de asignación arbitraria de puestos de trabajo sin libre concurrencia. Una razón más para su reforma.