El Estatuto de Gernika y la Constitución española son, hoy por hoy, las normas básicas que sustentan la realidad política de la CAPV. En ellos se delimitan sus competencias, su modelo de organización, sus órganos de representación democrática y de gobierno, sus fronteras y sus símbolos. Todo ello de suma importancia, sin duda, para la construcción de un país que, en el momento de su redacción (finales de los 70), padecía una crisis estructural de carácter económico, social, urbano-ambiental y, especialmente, político de enorme gravedad. La firma y ratificación democrática del acuerdo para el autogobierno (y el concierto económico-fiscal asociado) de esta parte de la sociedad vasca fue una conquista política sin parangón en la historia de Euskal Herria. La recuperación de su autonomía fiscal un instrumento vital para la inversión en país. La devolución de su autonomía política, un reconocimiento a la voluntad colectiva democráticamente expresada.

Ese autogobierno económico y político ha sido, en términos históricos y comparativos, bien gestionados a lo largo de estos años. Se han construido importantes infraestructuras, un sistema educativo público, una gran universidad para todos, una administración eficaz y una sanidad universal y competitiva. Se ha avanzado años luz en la dignificación urbanística de nuestros pueblos y ciudades. Se ha recuperado el desastre ambiental que sufría nuestro territorio tras décadas de industrialización desaforada. Y, además, los sucesivos administradores han sabido acompañar a la sociedad civil en algunas de sus aventuras empresariales, culturales y creativas.

Pero además de un concierto económico-fiscal y de unas instituciones representativas de las que emana una administración con multitud de competencias de gestión exclusiva, la evolución permanente de una sociedad requiere asentar y universalizar en su seno una serie de principios, derechos y valores ciudadanos de los que ni el Estatuto, ni la Constitución dicen nada.

Y es aquí donde en Euskadi queda tanto por hacer. Euskadi es una sociedad mestiza, de procedencias culturales diversas. Una sociedad que apenas lleva unas pocas décadas encontrando su propio proceso de democratización. Una sociedad donde la libertad y la igualdad aún no figuran en ningún documento compartido de convivencia. Un lugar donde las virtudes democráticas de la solidaridad y la justicia no están esculpidas en ningún frontispicio de nuestro imaginario común.

Ahora que parece que comenzamos a dejar por fin atrás la alargada sombra del franquismo y su fanatismo etarra asociado; ahora que la religión se ocupa sólo del alma de los que quieren ser salvados; ahora que los militares comienzan a disfrazarse de ONGs; ahora que la administración persigue a los explotadores; ahora que la justicia comienza a salir de sus palacios; ahora que la tolerancia se atreve a asomar la cabeza; ahora es el momento de construir una patria ética para los vascos. Una patria basada en una Carta de Ciudadanía que recoja los principios fundamentales sobre los que se construye nuestra sociedad, que garantice los derechos de ciudadanos auténticamente libres, que construya Euskadi sobre las bases de un sistema equitativo de cooperación social entre iguales.

Esta Carta de Ciudadanía ha de ser la esencia de ese nuevo concierto entre vascos. No un concierto para establecer el régimen económico-fiscal ni tampoco para delimitar nuevas competencias de gestión pública. Se trata de un concierto para la convivencia democrática que fundamente la construcción del País Vasco de los próximos 20 años. Una Carta de Ciudadanía que hable de los principios democráticos sobre los que se fundamente nuestro proyecto compartido, Euskadi: la libertad y la igualdad. Una Carta de Ciudadanía que establezca el consenso sobre los derechos políticos, sociales, civiles y económicos de los ciudadanos vascos: el derecho a la salud, a la educación, al bienestar, a la vivienda, a la igualdad plena y efectiva de todos los ciudadanos, entre otros muchos aspectos. Una Carta de Ciudadanía interpretada sobre los valores de la solidaridad y la justicia que blinde al ciudadano frente a la opresión, la exclusión, la pobreza y la ignorancia en cualquier circunstancia.

Será sobre las bases de ese concierto ciudadano sobre el que se podrá después avanzar hacia una mayor o menor soberanía política respecto de España o de Europa. Y es precisamente en la hoy tan cuestionada Unión Europea donde quizás debamos escarbar un poco con detalle. Junto al abrumador conjunto de normativas e instituciones burocráticas orientadas a la construcción de un mercado común y una moneda única, la Unión Europea esconde un tesoro que para Euskadi puede sernos de enorme utilidad como punto de arranque para iluminar la redacción de nuestra Carta de Ciudadanía: la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Aunque un tanto olvidadada en los despachos de Bruselas, la Carta de Derechos Fundamentales es un documento que contiene provisiones de derechos humanos para todos los ciudadanos de la Unión y que es de obligado cumplimiento para todos los estados miembros de la Unión (excepto el Reino Unido y Polonia).

A partir de ese documento, Euskadi puede construir su propia Carta de Ciudadanía que forme parte también del necesario proceso de conciliación nacional que está aún pendiente entre nosotros tras años de barbarie terrorista, fanatismo y déficits democráticos de toda índole que la sociedad ha soportado estoicamente durante tantos años.
Una vez acordada por nuestros representantes políticos, tras un proceso participativo e incluyente de todas las sensibilidades, la Carta debería ser refrendada por la ciudadanía y una vez adoptada iniciar un proceso constante de divulgación, educación y universalización de sus contenidos en el acervo cultural de nuestra sociedad. Y, seguramente, será esto último la parte más difícil de todo porque se tratará de cambiar algunos de los contra-valores tan extendidos aún en nuestra sociedad.

El próximo gobierno que salga de las urnas y el próximo Lehendakari que lo presida tendrían con este instrumento un hermoso proyecto para su país. Un proyecto cuyo desarrollo nos llevará, sin duda, a la libertad y la igualdad plena de todos nosotros, los ciudadanos vascos.